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Gobernador de Coclé actuará en caso de quejas de empresario.

LAURENT RODRIGUEZ
Estudiante de Periodismo.

Una nueva protesta ante la Alcaldía de Penonomé, realizaron los empresarios del Jardín Guacamaya ubicado en la comunidad de La Candelaria, corregimiento de Río Grande, esta vez a raíz de que esta no les otorgó un permiso para una actividad típica a realizarse la noche del lunes 18 de noviembre.

Los empresarios también piquetearon ante la Procuraduría de la Administración y Gobernación de Coclé, para que intercedieran ante la negatividad del Municipio de Penonomé por darles el permiso.

El dueño del Jardín Guacamaya, Alberto Mendoza, indicó que se sienten secuestrados por la alcaldía porque no pueden realizar ninguna actividad en este establecimiento, agregó no entender porque no le dan permiso, ya que cuenta con todos los requisitos que se le exigen y está al día con los impuestos.

Militzy Córdoba de Zúñiga, secretaria provincial de la Procuraduría de Administración, señaló que en cuanto al tema del Jardín Guacamaya, se está orientando al gobernador Renaul Domínguez sobre el trámite para solicitar un informe explicativo a la alcaldesa Paula González.

Informó que según la norma ésta tendría un periodo de cinco días hábiles para responder, y de acuerdo a lo que diga la alcaldesa, el gobernador tomará las acciones que en derecho le correspondan.

En este sentido Renaul Domínguez, gobernador de Coclé, manifestó que le envió a la alcaldesa la queja presentada por el empresario y su abogado para que ella de las explicaciones a través de un informe.

La máxima autoridad coclesana también señaló que aparte de esta queja, ha recibido otras quejas verbales, pero para actuar deben recibirla de manera escrita para posteriormente dar la atención que se merecen los ciudadanos o empresarios.

Al final del día los empresarios tuvieron que cancelar la actividad típica ya que no recibieron ninguna atención por parte del Municipio de Penonomé, indicaron que las pérdidas económicas son considerables, ya que deben un 50% de lo que se había pactado en el contrato, además de otros gastos que ya habían realizado para dicha actividad, por lo que no se descartan demandas civiles y penales.

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