Este martes 15 de octubre, la Autoridad Nacional de Descentralización informó que ha recibido un total de 385 informes por parte de las juntas comunales y municipios sobre el uso de los fondos del Subprograma de Interés Social (PDIS), también conocido como la «descentralización paralela». Estos informes representan el 51% de las administraciones locales que recibieron transferencias de este subprograma durante el periodo 2021-2024.

El PDIS transfirió 320 millones a gobiernos locales con el fin de impulsar proyectos comunitarios en áreas clave como infraestructura, salud y educación. Sin embargo, el manejo de estos fondos ha sido cuestionado debido a la falta de controles y transparencia en su uso.

La directora de la AND, Roxana Méndez, informó que, a partir del viernes 18 de octubre, comenzará el proceso de remisión de denuncias al Ministerio Público por el mal manejo o la falta de justificación en el uso de los fondos, proceso que se llevará a cabo de manera escalonada. Esta medida busca asegurar que cada caso sea investigado de forma eficaz, garantizando que las irregularidades detectadas reciban la debida atención.

Hasta la fecha, 38 juntas comunales y municipios han comunicado a la AND que no poseen la documentación que respalde el uso de los fondos recibidos. La ausencia de informes justificativos podría derivar en sanciones administrativas y legales, ya que la AND ha advertido que todos los casos sin justificación serán remitidos al Ministerio Público para su investigación.

Este proceso de fiscalización se inició tras el comunicado del presidente José Raúl Mulino el 15 de agosto, en el que se solicitó a las 754 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS la presentación de un informe detallado sobre su uso en un plazo de 60 días.

La AND continúa revisando la documentación recibida y, en los casos en que los informes sean insuficientes o no se presenten, procederá con las acciones correspondientes ante las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar que los fondos públicos sean utilizados de forma transparente y eficiente, como lo exige la ley.