A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación ante la pérdida de clases a nivel nacional tras semanas sin la asistencia regular de tanto docentes como estudiantes. Dentro del comunicado difundido, indican que esta situación “vulnera el derecho a la educación de niños y adolescentes”.

Expresan también que se generarán consecuencias significativas en el aprendizaje, la equidad educativa y el bienestar general. El comunicado anuncia que reconoce el derecho a la protesta, pero también el de la educación y lo coloca como prioritario.

Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, también brindó declaraciones sobre esta situación y dijo que reiteran el llamado al retorno a clases, pues desde el 2021 a la fecha, se han perdido más de 270 días de clases donde hay una afectación a los menores, además que reconocen el derecho a la huelga pero que hay que buscar otras maneras para manifestarse.

El comunicado señala que en los últimos 5 años la juventud panameña ha enfrentado la interrupción de la educación, y que, según datos de la UNESCO, el país, durante la pandemia fue el país que más clases perdió con 211 días fuera de las aulas, más de 30 días en el 2022 y unos 42 días en el 2023.

Resaltaron que los centros educativos no sólo son lugares para aprender, sino brindan apoyo psicosocial, alimentación y protección frente a riesgos fuera del entorno.