Molestos y preocupados se encuentran los miembros de la Coordinadora Campesina contra los Embalses o Reservorio por lo que consideran actos intimidatorios por parte de las autoridades en contra de los campesinos que se oponen al Proyecto de lago en Río Indio.
Así lo manifestó José Florentino Chirú, vicepresidente de la coordinadora quien señaló que la aprehensión del señor Fabián Castillo de 75 años de edad, ocurrida el miércoles 29 de julio en horas dela mañana en la comunidad de Boca de Uracillo, corregimiento de Río Indio, es una muestra clara de estos actos intimidatorios.
Según Chirú el señor Castillo se ha opuesto en varias ocasiones a que personal de la ACP y sus empresas contratistas entren a las tierras que son de su propiedad, porque a su criterio no le conviene, es perjudicial para él y por eso se dio la aprehensión aseguró el dirigente campesino.
Tras casi 24 horas de su aprehensión y luego de la interposición de un recurso de Habeas Corpus, Castillo fue liberado tras ser trasladado al cuartel de policía de Penonomé y luego llevado ante el Juez de la Casa de Justicia Comunitaria de Las Marías de Río Indio, quien había solicitado su conducción.
Según se pudo conocer sobre Castillo pesaba una orden de conducción tras no haberse presentado a dos citaciones hechas por el juez comunitario por una denuncia por amenazas, amagos y perturbación a la convivencia pacífica en perjuicio de colaboradores de la ACP y personal contratista.
Ante la comparecencia por conducción policial del denunciado el juez comunitario de Río Indio, Juan Amaya a través del Auto N° 40-0726 emitió una orden de alejamiento del señor Fabián Castillo del domicilio donde se encuentre, lugar de trabajo o fincas donde se encuentren los colaboradores de la ACP y sus contratistas ya sea por medio tecnológico, en estado etílico a una distancia de 200 metros.
De igual forma ordenó la protección policial especial para los colaboradores y contratistas de la ACP con domicilio laboral en la comunidad de Boca de Uracillo contra agresiones verbales o físicas en las que pueda incurrir Castillo, haciendo la salvedad que el quebrantamiento de la medida de alejamiento y protección contempla sanciones de prisión de dos a seis años o su equivalente a días multas.
