Firma los 15 y 30 de cada mes, prohibición de salida del país y alejamiento de la Junta Comunal, Autoridad Nacional de Descentralización y de cualquier persona que sea parte de la investigación, fue la medida cautelar impuesta a Ibeth Navas, ex representante de Río Hato, y a Alexis Garcés, ex tesorero de la Junta, del periodo 2019-2024, tras ser imputados por el presunto delito contra la Administración Pública en su modalidad de Peculado. 

La medida fue solicitada por la defensa de ambos imputados, los abogados Alexander Navas y Ricardo Fanilla, quienes se opusieron a la medida que pedía la Fiscalía, representada por Raúl Del Río, que fue de detención provisional. La jueza de garantías Ilsis Samaniego, avaló la medida tras considerar las condiciones médicas de ambas personas y que, aunque se trata de un delito grave, con entre 8 a 15 años de prisión de encontrarse culpables, no representaban peligro alguno para el proceso ni para la sociedad.

El abogado de la defensa, Alexander Navas, explicó que dentro de la presentación del Ministerio Público, se incurrieron en algunos señalamientos que no pudieron ser sustentados, como la falta de documentación entregada a tiempo por parte de su representada, la señora Ibeth Navas, ante la Contraloría General, además de una mala fe de dicha institución al cerrar antes de tiempo, el informe de auditoría que se hizo de la Junta Comunal que indicaba un faltante sin sustentar de más de 174 mil balboas.

El abogado explicó que es necesario hacer un llamado de atención al Contralor por esta situación con el informe, pues afecta el proceso de investigación; también dijo que la Fiscalía faltó el respeto a sus representados al intentar decir que se había atentado en contra de testigos o personas involucradas a los dineros, cuando no hay informe de ninguna autoridad policial sobre ello. 

Por su parte el fiscal, solicitó una audiencia ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones, pues no estuvo conforme con la medida cautelar impuesta. La audiencia fue fijada para el 5 de septiembre a las 8:30 de la mañana en el Sistema Penal Acusatorio de Coclé.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples se legalizó la aprehensión de ambos imputados, pues no se violaron procedimientos, sin embargo, los abogaos defensores indicaron que dicha aprehensión fue innecesaria, pues para que acudieran a una audiencia, bastaba con ser notificados. 

La investigación parte de una denuncia realizada por la Autoridad Nacional de Descentralización a la Junta Comunal de Río Hato en el periodo 2021-2024, pues en varios depósitos para el Programa de Descentralización de Inversiones y Servicios, se entregaron más de 2 millones de balboas, de los cuáles 174 mil 473 balboas, no tenían documentación que sustentara su entrega a los beneficiaros, esto, según una auditoría realizada por la Contraloría. 

La investigación se mantendrá por los próximos 6 meses. Ambos imputados fueron puestos en libertad tras el acto de audiencia.