Tras días de intensos enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública y huelguistas bananeros en la provincia de Bocas del Toro, y ante el saqueo y vandalismo registrado la noche del jueves 19 de junio, a unos 12 lugares entre comercios e instituciones del estado, el Consejo de Gabinete se reunió este viernes y tomó la decisión de suspender las garantías constitucionales en esta provincia.

También se declaró en estado de urgencia el territorio bocatoreño por un término de 5 días, lo que sugiere que la fuerza pública duplicará el pie de fuerza para mantener el control. Según indicaron los miembros del Consejo de Gabinete, se suspenden los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución Política de la República de Panamá, mediante el decreto numero 27 del 20 de junio del 2025.

En específico los artículos expresan: 21, que nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud de una autoridad; el 22, que expresa que todo detenido tiene derecho a presunción de inocencia y a representación de un abogado; 23, sobre el uso del recurso de habeas corpus cuando exista amenaza contra la libertad y su integridad física.

De igual forma el artículo 26, que dice que el domicilio es inviolable; el 27 sobre el libre tránsito; el artículo 29, sobre la privacidad de los documentos personales, el 37 sobre la libertad de expresión, y el 38 que permite la libertad de reunión.

La decisión obedece al Artículo 55 de la Constitución, que señala que en caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total los artículos antes mencionados. El objetivo es restablecer el orden lo antes posible.

Durante la conferencia de prensa brindada por los ministros del Consejo, se dio a conocer que unos 12 agentes de la fuerza pública entre Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval y Servicio Nacional de Fronteras, han resultado heridos, además que era muy complejo que la población que no era parte de las protestas no se afectara, pero que procurarían la seguridad general, y, que las personas pueden acudir con libertad a sus trabajos.