El hurto de ganado en Panamá tendrá un tratamiento penal más amplio con la entrada en vigencia de la Ley 532 de 2026. La reforma modifica el Código Penal y establece nuevas disposiciones para enfrentar las distintas formas en que se comete este delito.

La medida busca alcanzar no solo a quienes sustraen los animales. También contempla a las personas que participan en su traslado, sacrificio y comercialización ilegal.

El diputado de Antón, Orlando Carrasquilla, explicó que las modalidades utilizadas por los delincuentes han cambiado. Según indicó, actualmente pueden emplearse drones para vigilar las fincas y determinar la cantidad de animales existentes.

Después intervienen otras personas para sacar el ganado de las propiedades y trasladarlo hacia diferentes puntos. La operación puede incluir vehículos y sitios clandestinos destinados al sacrificio de los animales.

La reforma permite abordar esas distintas etapas dentro de una misma investigación. De esta manera, el alcance de la legislación no queda limitado a la persona que ejecuta directamente la sustracción.

La normativa también contempla un tratamiento más severo cuando los animales tienen un alto valor genético o reproductivo. Se trata de ejemplares utilizados por los productores para mejorar la calidad de los hatos y aumentar la producción de carne y leche.

Otro aspecto está relacionado con los animales que reciben atención veterinaria. Su sustracción y posterior comercialización puede convertirse en un riesgo para la salud pública, especialmente cuando se desconoce su condición sanitaria.

Para Carrasquilla, el impacto económico también es significativo entre los pequeños productores. Señaló que este sector representa el 81 % de los productores y que la pérdida de varias reses puede afectar seriamente el sustento de una familia.

El diputado también advirtió sobre las consecuencias que el delito puede generar en la producción nacional. Una reducción del hato disponible puede aumentar la necesidad de importar carne y ejercer presión sobre los precios.

La iniciativa fue presentada inicialmente por Carrasquilla y posteriormente avanzó en la Asamblea Nacional hasta convertirse en la Ley 532 de 2026.

Con esta reforma, Panamá amplía las herramientas legales para investigar el hurto pecuario y las actividades relacionadas con la movilización y comercialización de animales obtenidos de manera ilegal.

La nueva normativa incorpora así disposiciones dirigidas a enfrentar las distintas etapas del delito, desde la sustracción de los animales hasta las actividades posteriores relacionadas con su movilización y comercialización.

También se considera agravante que los animales sean de alto valor genético o reproductivo, que se alteren dispositivos electrónicos de trazabilidad o que el hurto recaiga sobre animales que estén recibiendo tratamiento veterinario y cuya comercialización pueda afectar la salud de la población.

Carrasquilla destacó precisamente este último aspecto y advirtió que el sacrificio y comercialización de animales enfermos representa un riesgo adicional para los consumidores.

El diputado también vinculó el hurto de ganado con la situación de los pequeños productores, al señalar que la pérdida de varias reses puede afectar directamente la capacidad económica de una finca. A su juicio, la reducción de la producción también puede tener efectos sobre el precio de la carne y la necesidad de recurrir a importaciones.

La iniciativa fue presentada originalmente por Carrasquilla y posteriormente tramitada como el Proyecto de Ley 336. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto en tercer debate y posteriormente se convirtió en la Ley 532, promulgada el 18 de junio de 2026.