DAMGELA DE LEÓN
Para que se declare la inconstitucionalidad de la vigencia de la Ley 256 de 26 de noviembre 2021 sobre obligatoriedad dela expedición de factura electrónica en todos los comerciosdel país mediante equipos fiscales, el Concejo Nacional de Cooperativas interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en este año 2023, la cual ya fue admitida, y esperan el fallo y pronunciamiento en el 2024.
La demanda está basada principalmente en dos aspectos, primero, la inversión económica que deben hacer las cooperativas para adquirir el paquete con equipos fiscales que emiten dicha factura, ya que las mismas no funcionan como empresa tradicional, sino con gobiernos internos, que, mediante asamblea, deciden la inversión de sus fondos, por ello, no están preparadas para adquirirlos.
El segundo punto de la demanda, es que pudiese atentar contra el régimen especial no lucrativo que poseen las cooperativas, y el cual no es detallado en la Ley 256. Así lo explicó Yobani Justavino, presidente del Concejo, quien señala que dentro de esta Ley solo se mencionan a las cooperativas, más no cómo se adaptará este sistema a las mismas, aspecto que va en contra de los principios cooperativos puesto que no es un bien o un servicio común.
Sumado a los esfuerzos realizados por este organismo, según su presidente, no solamente se mantienen permanentemente representando a las cooperativas, sino también defendiéndolas, por lo que insistirán para que dicha ley pueda declararse inconstitucional, ya que los omite de derechos, pero si les otorga obligaciones.
