Con el propósito de garantizar mejores condiciones de vida y aliviar la carga económica de los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, la Ley 6 del 16 de junio de 1987 otorga una serie de beneficios y descuentos obligatorios en comercios, servicios básicos, transporte y actividades recreativas.

Esta norma aplica tanto a panameños como a residentes extranjeros que acrediten la edad de 55 años en el caso de las mujeres y 60 años para los hombres, además de los jubilados y pensionados que porten su cédula o carné respectivo.

La información fue confirmada por la licenciada Vergara, directora de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), quien recordó que la institución mantiene vigilancia para que se cumpla lo establecido en la ley.

Uno de los puntos más relevantes es el artículo 4, que establece que ningún agente económico puede fotografiar el carné o la cédula del beneficiario, por tratarse de un documento personal. “En algunos lugares lo piden para almacenarlo en bases de datos, pero eso no está permitido”, aclaró Vergara.

Descuentos contemplados en la Ley 6 de 1987

• Recreación y espectáculos públicos: 50% en cines, teatros, deportes y otros eventos, salvo actividades benéficas.
• Transporte público terrestre y marítimo: 30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos.
• Pasajes aéreos: 25% en vuelos de empresas públicas o privadas, nacionales y extranjeras.
• Hoteles, moteles y pensiones: 50% de lunes a jueves y 30% los fines de semana.
• Restaurantes: 25% en consumo individual. En el caso de franquicias de comida rápida, el descuento es de 15%. (Aplica solo al beneficiario, no a la cuenta total si va acompañado).
• Hospitales y clínicas privadas: 15% sobre el total de los servicios.

Vergara detalló que las quejas más frecuentes provienen del sector bancario y financiero, debido a que algunos bancos no aplican los descuentos en gastos de cierre ni ajustan las tasas de interés en préstamos adquiridos antes de la jubilación.

En la provincia de Coclé ya se han recibido alrededor de 200 reclamos por este tipo de incumplimientos, y en varios casos las entidades financieras se han visto obligadas a devolver el dinero a los beneficiarios.

La funcionaria advirtió que los comercios que no apliquen la Ley 6 se exponen a multas que van de 50 a 5 mil dólares, recursos que son destinados a un fondo especial en beneficio de los jubilados.