EDILSA GONZALEZ ROCA

COCLÉ.

Una medida de detención provisional por seis meses y cargos por homicidio doloso le fueron impuestos a Victor Manuel Crissmat Vega, ciudadano estadounidense sindicado por estar presuntamente involucrado en la muerte y descuartizamiento de su padre Víctor Manuel Crissmat Villamil un colombiano que residía en Río Hato y cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado el 5 de agosto de 2016 en un basurero en Río Hato.

Crissmat hijo fue traído a Panamá con una orden de extradición que fue solicitada por las instancias judiciales panameñas al gobierno de los Estados Unidos, tras su declaratoria como reo rebelde y se solicitara su detención el 25 de octubre de 2016.

Según el informe de la fiscalía de homicidios de Coclé, tras las investigaciones se determinó que los hechos se dieron entre el 3 y 4 de agosto de 2016 en el apartamento 10-A del Edificio Cóndor ubicado en Playa Blanca , corregimiento de Río Hato, distrito de Antón,.

Se presume que allí Crissmat hijo, le cortó la cabeza a su padre aún estando vivo, luego lo seccionó en partes que posteriormente metió en dos maletas y varias bolsas plásticas que tiró en un basurero detrás del Centro Comercial Ocean Mall en Río Hato.

Durante la audiencia de control de garantías, imputación de cargos y aplicación de medida cautelar realizada el 25 de julio en horas de la tarde en el SPA de Coclé, la fiscal Gladys Morán dio una amplia lista de testimonios, pruebas periciales y elementos vinculatorios que indican que Crissmat hijo, pudo estar involucrado en la muerte de su padre, por lo que le elevó cargos por homicidio doloso agravado cuya pena esta entre los 20 y 30 años de prisión.

De igual forma pidió se declara su detención provisional ya el hombre de 27 años y nacido en Miami Estados Unidos, no tiene ningún arraigo en este país, existe el peligro de fuga e incluso de destrucción de pruebas al conocer a las personas que testificaron y dieron inicio a la investigación con una denuncia por desaparición de Crissmat padre inicialmente.

La defensa de Crissmat que es llevada por la defensora pública Cristina Garcés pidió que sus cliente fuera dejado en libertad con el impedimento de salida de la provincia y que se le estableciera como residencia el apartamento que pagó su padre en Playa Blanca y en el que se dieron los hechos, moción que fue negada por la jueza de garantías Ilsis Samaniego.