Un informe oficial remitido al Ministerio Público y divulgado por Telemetro Reporta revela que la falta de comunicación y decisiones descoordinadas entre mandos policiales habrían sido factores determinantes en el motín y posterior fuga masiva de privados de libertad ocurrida el pasado lunes en el Centro Penitenciario La Joyita.

El documento, fechado el 2 de junio de 2026 y dirigido al fiscal superior de Atención Primaria, Azael Samaniego, fue elaborado por el director encargado del penal, Onésimo Araúz, con el propósito de iniciar las investigaciones correspondientes sobre los hechos que culminaron con la evasión de 195 privados de libertad.

De acuerdo con el informe, los disturbios comenzaron alrededor de las 12:30 del mediodía cuando se coordinaba el traslado de algunos reclusos del área de máxima seguridad hacia el sector conocido como «Rancho», destinado a visitas de abogados. La solicitud habría sido realizada por el mayor Rivera para una reunión convocada por el entonces jefe de Seguridad Penitenciaria, comisionado Luis García.

Según el reporte, la información sobre estos movimientos se filtró rápidamente dentro del penal, generando rumores entre la población penitenciaria de que se efectuarían traslados masivos hacia otras cárceles del país. La situación provocó una reacción violenta por parte de los internos, quienes abandonaron los pabellones y se enfrentaron a las unidades policiales.

El informe detalla que durante el motín los privados de libertad vandalizaron la cocina principal, sustrajeron insumos, destruyeron cercas de seguridad y dañaron portones de distintos pabellones. Posteriormente lograron acceder a talleres del Inadeh, de donde obtuvieron herramientas utilizadas para causar mayores daños a la infraestructura.

Uno de los aspectos más relevantes del documento señala que al menos 46 cámaras de videovigilancia fueron destruidas durante los disturbios, lo que habría generado puntos ciegos en el sistema de seguridad y facilitado la apertura de brechas para la fuga.

Además, el reporte indica que las torres de vigilancia y los puestos perimetrales externos no recibieron oportunamente las alertas sobre la situación que se desarrollaba dentro del penal, situación que limitó la capacidad de respuesta de las unidades encargadas de impedir la evasión.

Las revelaciones contenidas en el informe colocan bajo escrutinio las actuaciones de varios mandos involucrados en la operación. El Ministerio Público mantiene abierta una investigación para determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con incumplimiento de deberes, negligencia o cualquier otra conducta que pudiera haber contribuido a la fuga.

Paralelamente, la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional desarrolla investigaciones administrativas. Como consecuencia de los hechos, ya se produjo la remoción del entonces jefe nacional de Seguridad Penitenciaria, comisionado Luis García, quien fue reemplazado por el comisionado Basilio Sánchez.

Las autoridades continúan con las investigaciones mientras prosiguen los operativos de búsqueda y recaptura de los privados de libertad que permanecen evadidos.