EDILSA GONZALEZ ROCA

Medidas cautelares de impedimento de salida del país además, de la de mantener su domicilio actual le fueron impuestas al ciudadano estadounidense con residencia en Panamá Darvis Randolph St Jhones de 78 años, además se les imputó el delito contra la administración de justicia en la modalidad de tomarse la justicia por sus propias manos.

El caso guarda relación con los hechos suscitados entre las cinco y seis de la tarde del miércoles 22 de noviembre en la ciudad de Penonomé, próximos al punto de cierre ubicado en el área del retorno, cuando el señor St Jhones intentó cruzar según la fiscalía de forma violenta el bloqueo poniendo el riesgo la vida de las personas que allí se encontraban y particularmente la del señor Eliécer Córdoba quien aparece como víctima en este proceso.

En audiencia de garantías realizada este viernes en la sede el Órgano Judicial en la provincia de Coclé, la jueza Ilsis Samaniego, declaró legal la aprehensión del investigado, dio por presentada la formulación de cargos y además ordenó la aplicación de las medidas cautelares a pesar de la oposición de la defensa.

Durante la audiencia el fiscal de la causa Alcibiades Cajar Amador, indicó que de manera preliminar se cuenta con las declaraciones de seis testigos que aseguran que de manera violenta el ahora imputado intentó cruzar el bloqueo y si no es porque los allí presentes desquitan el auto se estuviese frente a un delito mayor.

Por su parte Manyuri Sáenz abogada de la defensa señaló que la intención de sus cliente nunca fue violentar a nadie sino acercarse a los manifestantes para solicitar su derecho al libre tránsito debido a su condición de salud, ya que es paciente cardiaco además de padecer otras patologías y viajaba con un perro de compañía y su esposa también adulta mayor de 78 años.

Sáenz se opuso tanto a la imputación de cargos como a las medidas cautelares indicando que el incidente suscitado, todavía confuso no aplica dentro de las consideración del artículo 396 del Código Penal que sitúa el delito contra administración de justicia porque en este caso la víctima del delito dice la norma es la sociedad y la supuesta víctima no representa a la sociedad según su consideración.

Ilsis Samaniego jueza de garantías consideró que si bien es cierto se trata de una investigación incipiente, se dio un hecho que es necesario investigar, pues a pesar de los problemas y efectos negativos que están causando los tranques en el país, las personas no pueden transgredir a terceros producto de la situación, por lo que dio a la fiscalía seis meses para investigación y le solicitó que la misma sea objetiva y en el caso que se deba sobreseer al imputado se haga.

Tanto la defensa del imputado como la parte querellante presentaron recurso de apelación a la decisión de la juez sobre las medidas cautelares y la misma se realizará el próximo 5 de diciembre a las 8:30 de la mañana, mientras que el imputado fue puesto en libertad.