Lo que comenzó con una serie de correos electrónicos sobre compras que nunca realizó terminó convirtiéndose en un presunto fraude bancario por más de 48 mil dólares. La víctima, un profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá, asegura que delincuentes utilizaron su identidad para obtener múltiples tarjetas de crédito en distintas entidades financieras sin su autorización.

La denuncia fue presentada en diciembre de 2022, cuando el docente empezó a recibir notificaciones de compras realizadas con tarjetas de crédito que desconocía. Según explicó la abogada querellante, Yorlenis Andrion, su cliente únicamente había solicitado una tarjeta de crédito a una entidad bancaria, la cual nunca le fue aprobada.

Sin embargo, en cuestión de días comenzó a recibir alrededor de doce correos electrónicos de diferentes bancos, algunos de ellos sin presencia en Penonomé, informándole sobre compras efectuadas en supermercados, tiendas de electrodomésticos y otros establecimientos comerciales utilizando tarjetas de crédito emitidas a su nombre.

Ante la situación, el profesor acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y posteriormente visitó varias entidades bancarias para verificar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando descubrió que aparecía registrado como titular de diversas tarjetas de crédito que asegura nunca haber solicitado ni recibido.

De acuerdo con Andrión, las investigaciones iniciales revelaron que varios bancos habían aprobado productos financieros utilizando información personal de su cliente. La jurista sostiene que detrás del caso podría existir una estructura organizada dedicada a utilizar identidades ajenas para obtener créditos y realizar compras.

“Estamos hablando de un fraude grave. No solamente se falsificó una firma, también se habría utilizado una cédula adulterada y datos personales del afectado para tramitar productos financieros”, manifestó la abogada durante una entrevista radial.

La defensa presentó en 2023 una querella penal contra ocho entidades bancarias y otras personas que pudieran resultar vinculadas a los hechos. Según Andrion, uno de los bancos colaboró desde el inicio de la investigación, aportando información sobre la tarjeta de crédito emitida y las circunstancias en que fue aprobada.

La abogada cuestionó además los controles de seguridad utilizados por las entidades financieras para aprobar y entregar las tarjetas. Indicó que, según la documentación obtenida, varias fueron enviadas mediante empresas de mensajería, pese a que el afectado asegura que nunca recibió ninguno de esos productos financieros.

“¿Cómo se entrega una tarjeta de crédito a una persona distinta de su propietario? Estamos hablando de una obligación financiera que posteriormente recae sobre el titular registrado”, señaló.

Según la querella, las tarjetas emitidas alcanzaron un monto total aproximado de 48 mil dólares. Algunas tenían límites iniciales de dos mil dólares, mientras que otras recibieron incrementos de crédito en poco tiempo después de su aprobación.

La situación también provocó afectaciones en el historial crediticio del profesor, quien fue reportado ante la Autoridad Panameña de Información Crediticia por obligaciones que, según sostiene, fueron adquiridas mediante fraude.

Andrión explicó que su cliente presentó además una denuncia administrativa ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. No obstante, indicó que la entidad le comunicó que cualquier actuación dependería de los resultados de la investigación penal que adelanta el Ministerio Público.

La defensa considera que el caso ha avanzado con lentitud pese al tiempo transcurrido desde la denuncia. Según la abogada, a más de tres años de iniciadas las investigaciones todavía no se han formulado cargos contra ninguna persona relacionada con los hechos.

Además del impacto económico y financiero, Andrión aseguró que la situación ha tenido consecuencias emocionales para el afectado y su familia, quienes han tenido que enfrentar la incertidumbre generada por las obligaciones adquiridas presuntamente por terceros utilizando su identidad.

La abogada sostiene que el objetivo de la querella no solo es identificar a los responsables del fraude, sino también lograr que se eliminen por completo las afectaciones registradas en el historial crediticio de su cliente y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, el caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público.