DAMGELA DE LEÓN

El embarazo para una mujer es sinónimo de felicidad, un momento especial, deseado, ansiado, pero ¿Qué sucede con aquellas que, por falta de madurez, no tienen la capacidad para discernir las consecuencias futuras de sus actos, o, quien no tuvo el poder de elegir ser madre, ya que fue abusada? Esta, es la realidad de un centenar de menores de edad en nuestro país.

Hay que recalcar que el simple hecho de que un mayor de 18 años se relacione de manera inapropiada con una menor, tienen consecuencias legales, mismas, que se agravan según la complejidad del caso. Uno de esos agravantes es que la joven resulte embarazada.

El Ministerio Público recibe casos de este tipo de delitos de dos maneras, una, de oficio que puede llegar procedente de una instalación de salud luego realizar un informe, también, directamente de un Juzgado de Niñez y Adolescencia al registrar a un recién nacido como hijo de una menor de edad, a través de la Policía, o por llamadas anónimas. La otra forma, es a través de denuncias, las que recurrentemente son interpuestas por los propios padres de las niñas. 

Joany De León, Fiscal de circuito de la provincia de Coclé, y coordinadora de la sección de delitos contra la libertad y la integridad sexual indica que, dentro del proceso de investigación, la Unidad de Atención a Víctimas es el primer equipo encargado de ofrecer atención, de la mano con psicólogos, quienes realizan una entrevista para comprender qué fue lo que sucedió. 

Los padres tienen un papel fundamental en estos procesos, ya que serán ellos los que acompañen a la menor, sin embargo, si dentro de las investigaciones se dictaminanegligencia, abandono o corrupción de menores, se enfrentan también a una pena. 

Los casos de embarazos son principalmente tipificados según la edad de la menor, por ello si tiene menos de 14 años, es considerado una violación, así sea consensuado, ya que ella no tiene las condiciones mentales para comprender todo lo que implica este acto.

Las penas por abuso sexual a una joven menor de 14 años, van de 12 a 18 años de cárcel sin posibilidad de sustitutos; en el caso de mayores de 14 años, se establecen de 4 a 6 años de cárcel, pero, por acuerdos entre víctima, su representante legal y el agresor, puede darse una suspensión condicional del proceso que permita resarcir los daños económicamente e incluso una pensión alimenticia.

Este proceso requiere de un seguimiento de la condición emocional de la menor, que, si bien son realizados por psicólogos clínicos en puestos de salud, también se remiten al Ministerio de Desarrollo Social, aún más cuando existan riesgos (maltrato, abuso familiar, pobreza, deserción escolar, entre otros).

El Mides cuenta con una tipificación de los casos similar a ladel Ministerio Público, y es que reciben menores que hayan tenido relaciones con otro menor y producto de ello, resultó el embarazo; por abuso sexual; parentesco con el abusador; o el más recurrente: niñas manteniendo una relación con un mayor de 18 años.

Mónica Thompson, psicóloga del Centro de Orientación y Atención Integral del Mides en Coclé, explica que muchas de estas situaciones son producto de situaciones familiares, por lo que la institución busca definir la situación actual de la menor, asegurar su escolaridad y establecer un plan de vida. 

Por su parte, Lilia Gordón, psicóloga de este Centro, considera sorprendente como en sus 7 años de en la institución, sólo ha atendido 3 parejas de padres menores de edad, aspecto que expone una realidad: y es que mayormente, existen adultos que aprovechan la carencia de cariño y atención de algunas jóvenes, envolviéndolas en promesas. También menciona que son los padres quienes desde edades tempranas deben inculcar autoestima, cuidadodel cuerpo, prevención ante situaciones de riesgo, y una sana comprensión de la sexualidad. 

Ante la falta de respuestas en el hogar, los centros educativos se convierten en las únicas fuentes de información sobre salud sexual. Pero, en toda la provincia de Coclé, de las 350escuelas que existen, sólo 15 cuentan con gabinetes psicopedagógicos que llevan a cabo campañas u orientaciones en estos temas, por ello, es necesario que padres y madres, principalmente, mantengan un espacio de comunicación respetuosa con sus hijos.

Yanelyn Pérez, psicóloga y coordinadora de los gabinetes psicológicos en la región educativa de Coclé, dice que estos equipos se encargan de brindar atención individual y grupal a estudiantes, por lo que desde el 2021, y en etapa experimental, implementan una serie de guías en sus jornadas de orientación acerca de salud sexual y reproductiva dirigidas a padres, estudiantes de primaria, pre media, media y adolescentes embarazadas y madres, cada una especializada y creadas de la mano con especialistas y docentes.

Marta Fernández, coordinadora de trabajo social del MEDUCA, detalló que las adolescentes embarazadas tienen derechos establecidos a través de la ley 60 del 2016 que regulan y garantizan su educación, pero sobre todo deberes que deben cumplir, como aprender a lidiar con sus responsabilidades, completar su bachillerato e ingresar a una carrera universitaria. 

La sociedad también cumple un rol para prevenir estas situaciones: vigilando, denunciando, atendiendo responsabilidades parentales, buscando ayuda profesional, enseñando a los niños a respetar y conocer su cuerpo, ysobre todo, comprendiendo que, especialmente para la mujer, los cambios que sufre en su crecimiento, la hacen másvulnerable ante situaciones de riesgo.