DARÍO FERNÁNDEZ ALZAMORA
Que se firme el acuerdo minero cuanto antes para que no corran peligro los puestos de trabajo en el proyecto Cobre Panamá, es la solicitud que hicieron los trabajadores de la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals que este jueves 16 de febrero llevaron a cabo una segunda jornada de protesta a orillas de la carretera Panamericana en la ciudad de Penonomé.
Para ellos, los puestos de trabajo existentes y la generación de nuevas plazas se están viendo comprometidas al no existir la firma para el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la empresa que extrae minerales de las montañas de Donoso en Colón.

John Barrera, del equipo de Recursos Humanos y reclutamiento de Minera Panamá dijo que actualmente hay unas 595 vacantes abiertas que no pueden ser llenadas producto de la situación, la mayoría de ellas destinadas a personas que residen en los pueblos cercanos al proyecto minero.
Sostuvo que los trabajadores necesitan que se firme el contrato con la empresa, ya que de eso dependen muchas economías y hay quienes están preocupados pues debido a que no se ha firmado nada, temen quedar cesantes y sin poder hacerle frente a los compromisos adquiridos con los bancos o brindar el sustento a sus respectivas familias.
La protesta se realizó de manera simultánea en el sector de Torres de Las Américas en Punta Pacífica en la ciudad capital.
Son alrededor de unos 7 mil trabajadores que laboran para la compañía.

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, aseguró en días pasados que se ha logrado avances significativos en las conversaciones con Minera Panamá, dando a conocer que faltarían aproximadamente entre dos y tres puntos importantes, como lo son el tema de agotamiento de reserva e incumplimiento sustancial del contrato.
En diciembre de 2022, el gobierno de Laurentino Cortizo ordenó a la minera canadiense el cese de operaciones comerciales.
Dicha decisión se tomó, ya que la compañía incumplió un acuerdo alcanzado en enero de 2021 en el cual Panamá recibiría $375 millones anuales de la mina y un incremento de regalías e impuestos.
A finales de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato-ley 9 del 26 de febrero de 1997, que avaló la concesión de explotación minera, dada primeramente a la ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá. Luego de eso, la Corte rechazó seis recursos presentados contra el mencionado fallo.
La decisión de la Corte dio respuesta a un recurso presentado en el 2009 por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.



