El Ministerio Público realiza a esta hora una diligencia en la que se presume podrían tratar de ubicar los restos del Padre Héctor Gallego en los predios de una finca ubicada en el corregimiento de Santiago Este en el distrito de Santiago provincia de Veraguas, vía al Instituto Nacional de Agricultura.
Información extraoficial da cuenta de que la diligencia surge tras la captura en la provincia de Chiriquí, el pasado 2 de mayo de Eugenio Magallón un exmilitar que había sido condenado a 15 años de prisión en 1994 y quien se había mantenido prófugo por más de 30 años, pero que supuestamente ha dado información sobre la posible ubicación de los restos del sacerdote.
Esta tarde personal del Ministerio Público dirigido por la fiscal Tania Sterling se mantienen en la finca realizando la diligencia en la que recorren palmo a palmo el extenso terreno en el que se cree pueden encontrarse los restos, aunque no han dado a conocer mayores detalles de la diligencia.
En audiencia realizada el pasado sábado 3 de mayo en la sede del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Veraguas, la jueza de cumplimiento, Sonia Broce ordenó la ejecución de la pena de 15 años de prisión impuesta en 1994 a Magallón por el delito de homicidio agravado en calidad de cómplice primario, en perjuicio del sacerdote Jesús Héctor Gallego Herrera.
La audiencia tuvo como propósito evaluar la solicitud de prescripción de la pena presentada por la abogada del Instituto de la Defensa Pública, Iris Kuruc, quien sustentó su petición conforme al artículo 97 del Código Penal de 1982, que establece:
“La pena privativa de la libertad impuesta por sentencia ejecutoriada prescribe en un término igual al doble de la pena señalada en la sentencia, sin que exceda de 25 años…”.
La fiscal superior Tania Sterling, en representación del Ministerio Público, argumentó que el 20 de junio de 1991 la fiscalía declaró en rebeldía al sentenciado, lo cual tuvo como efecto la suspensión de los términos de prescripción, tanto de la acción penal como de la pena. En consecuencia, sostuvo que la ejecución de la pena aún procede.
Luego de escuchar los planteamientos de ambas partes, la jueza de cumplimiento, mediante Auto Resolutivo 15-61, determinó que la causa no ha prescrito, por lo cual ordenó la ejecución de la pena de 15 años de prisión impuesta por un tribunal de juicio el 29 de abril de 1994.
Ante esta decisión, la defensa presentó recurso de apelación, el cual será resuelto en audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial el próximo martes 13 de mayo a las 10:00 a.m.
Con información de la periodista Ester Rodríguez.
